A corazón abierto: La arbitrariedad de la Administración

La reclamación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE) como única garantía de la calidad en la atención y la seguridad de los pacientes, comienza en España en el año 1987. A partir del año 2002, a iniciativa de Ana Pastor, entonces ministra de Sanidad, viene marcado por el consenso que se alcanza en la Unión Europea, acerca de las profesiones sanitarias y especialidades médicas sometidas a reconocimiento automático, entre ellas la MUE, en el sentido de converger en el libre intercambio de personas, bienes y servicios entre sus países miembros, a través de una Directiva que se publicó en el año 2005, y que asume la legislación española desde el año 2008. En este contexto hubo un amplísimo consenso profesional, social, político, administrativo e institucional, avalado por innumerables grupos de trabajo, con su correspondiente documentación, que culminó con el borrador de un Real Decreto en Noviembre de 2011, que creaba la especialidad. Con el cambio de legislatura, se oculta esa información, se extravía documentación, se induce opinión con falta de información, se actúa de parte y se vulnera de hecho numerosa legislación administrativa, económica y europea, además de derechos constitucionales de profesionales y de pacientes, y se obvia y oculta de nuevo apoyos de entidades relevantes como la propia Organización Médica Colegial. Es decir, se excede de largo el poder discrecional inherente a la potestad administrativa.

La existencia de la especialidad de MUE es la garantía de que España elija un modelo de Urgencias, en el mismo plano administrativo que el resto de países modernos, no sujeta a interpretaciones, velando por la mejor calidad en la atención de los pacientes, sin compartimentos estancos en los propios servicios. Frente a ello el interés de pocos de dar pie a voceros sin relevancia en este sector de la medicina que interpretan o tratan de liderar lo que desconocen, porque no trabajan en ello. Es también la aplicación justa y proporcionada de los resultados de muchos años de trabajo y de muchos consensos. Es lamentable que los únicos interesados, en ejercer la responsabilidad del mínimo respeto que merecen los pacientes, sean los profesionales de estos servicios. Deberían ser las propias administraciones las primeras interesadas en liderar, dentro nuestro propio Ordenamiento Jurídico, esta iniciativa.

Hace escasos días hemos asistido a un cambio sustancial en la política española. Los atributos esenciales en positivo que lo justifican es el deseo de regeneración y de honestidad. Son tiempos duros, pero quizá lo que los puede hacer insoportables es la frustración de ver la escasa ejemplaridad de algunas personas en el ejercicio de su responsabilidad administrativa, delegada por elección, a la vez que se exigen esfuerzos e implicación a toda la población, porque es necesario. Este es un ejemplo más de este tipo de comportamientos. ¿Luego se sorprenden de lo que pasa?