La sanidad en nuestro país, tanto pública como privada, vía aseguradoras, está sufriendo importantes cambios; motivados, en parte, por una crisis económica que ha ocasionado múltiples recortes, y un planteamiento de la sostenibilidad de los servicios sanitarios, con una tendencia a un gasto incontrolado, que supone una propuesta de modificaciones en el modelo sanitario.
Los profesionales muestran su preocupación cuando comienzan a contemplar movimientos, a veces poco explicados, tanto en la sanidad pública como en las aseguradoras sanitarias, con fusiones y concentración de los servicios sanitarios en grandes grupos, muchos de ellos gestionados por grandes empresas internacionales.
La situación actual no nos puede hacer olvidar que el sector del aseguramiento sanitario, aunque ha padecido la crisis, no ha sido con la misma intensidad que otros sectores. De hecho, las aseguradoras han seguido aumentando su nómina de asegurados.
En este contexto, los grandes grupos de salud, caracterizados hasta ahora por cuadros médicos amplios, con gran oferta de profesionales, han variado su estrategia en cuanto a modelo de prestaciones, pasando a rescindir contratos verbales con sus colaboradores, algunos de ellos con muchos años de dedicación, y han optado por crear sus propios servicios de asistencia, con consultorios donde se ofertan toda clase de servicios profesionales.
Este hecho resulta preocupante, pues afecta gravemente a muchas consultas privadas que han visto amenazada incluso su supervivencia, o produce rescisiones de contratos por la vía poco elegante de un burofax, por ejemplo.
Además nos interroga cómo las aseguradoras privadas, en una época de crisis, están realizando un determinado posicionamiento en el sector: creando estructuras similares a las públicas, centros con profesionales sujetos a nomina, controles férreos del gasto sanitario en cuanto a prescripción de pruebas, estancias hospitalarias, gasto farmacéutico, prótesis, fungibles etc… y todo ello con gran repercusión en los pacientes.
Estos cambios, en cuanto a los servicios, preocupan a los profesionales sanitarios, ya que puedan llegar a producir una disminución en la calidad de los servicios y coartar la libertad del médico.
Si la consecución de beneficios es la razón de existir de las compañías aseguradoras, nuestra obligación es plantear que los principios económicos no pueden coartar los de la libre actuación y la libre prescripción. Y todo ello en beneficio de una buena praxis y de los pacientes.
Frases como la del IDIS: “El SNS no será sostenible sin el apoyo de la sanidad privada”, obliga a los colegios a ser portavoces de los profesionales. Para pedir que esa colaboración sea consensuada entre todos, y que no creemos una sanidad pseudo-pública con unas estructuras similares a las fracasadas de la Sanidad Pública, pero con unos controles férreos que generen una situación de desencanto en los profesionales; en este caso para poder obtener unos beneficios empresariales por las aseguradoras.
